El gobierno de Ollanta Humala y la Política de masas

Por: Jorge Luis Duárez Mendoza

Se cumplen ya casi tres meses desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en el Perú y si bien ha logrado impulsar medidas bastante importantes para la política nacional (renegociación de los impuestos a las mineras, ley de consulta previa, creación y ampliación de la cobertura de políticas sociales, etc.) y hacer frente de forma relativamente positiva a situaciones sumamente incómodas (los intentos de destitución de Ricardo Soberón de DEVIDA y de Aída García Naranjo frente al Ministerio de la Mujer, además de los escándalos de corrupción del vicepresidente Chehade y miembros de su bancada), sigue quedando pendiente un desafío central: el desarrollo de una política de masas.

Si bien resulta valioso el apoyo que ha expresado la Central General de Trabajadores del Perú al gobierno de Ollanta Humala, esto automáticamente no supone la consolidación del apoyo brindado por amplios sectores sociales. Estamos lejos de aquellos años en que el sector obrero lideraba al movimiento popular. Diversas demandas más allá de las laborales resultan relevantes en el actual escenario nacional, entre ellas son particularmente importantes las producidas por comunidades campesinas y poblaciones afectadas por la actividad minera. Síntomas de esto son los diversos conflictos sociales que se generaron y agudizaron durante el gobierno de García y las manifestaciones que se han producido en las últimas semanas.[1] Si por política de masas entendemos el despliegue por parte del gobierno de mecanismos de articulación de diversas demandas sociales para dirigir a la sociedad, el gobierno tiene una enorme tarea por delante.[2]

Vistas desde el desafío de generar una política de masas resultan significativas las diferentes visitas que ha realizado el presidente Humala a las zonas más relegadas del país, entre ellas el sur andino y la frontera amazónica. Estas visitas permiten -entre otras cosas- acercar al presidente a la población, recoger sus demandas y brindar cierto apoyo social, es decir, realizar a pequeña escala el discurso de inclusión social. Pero evidentemente esto es insuficiente. La política de masas no se reduce a las visitas esporádicas del presidente, ni siquiera al perfeccionamiento técnico de las políticas sociales –lo cual es sumamente importante. La política de masas supone constituir, articular y reincorporar las demandas de base a la política nacional-estatal, en otras palabras, hacer política.[3] De esta forma el gobierno logrará constituir un nosotros que consolide su identidad política.   

Volvamos a las demandas alrededor de la actividad minera para entender los alcances de la política de masas. Lo que la experiencia muestra es que muchas veces actores con diversos discursos sobre la actividad minera (unos más extremistas que otros) logran canalizar el descontento popular sin mayor disputa con otras fuerzas políticas. En esta demanda en particular el gobierno debe tomar la iniciativa logrando interpelar a la población a partir de una clara posición en torno al rol de la minería en el desarrollo nacional. Así, teniendo a la inclusión social como nodo articulador, el gobierno puede representar las demandas de las comunidades campesinas y poblaciones afectadas por la actividad minera, vinculándolos a su vez con las demandas de obreros, pequeños y medianos empresarios, indígenas amazónicos, etc. en una misma identidad política.

El desafío del gobierno de desarrollar una política de masas está vinculado con la posibilidad de redefinir la agenda neoliberal instalada claramente desde los años noventa en el país. Si bien Ollanta Humala llegó al poder representando –entre otros- la insatisfacción de diferentes sectores del país frente a las consecuencias de las políticas neoliberales a lo largo de veinte años, esto no asegura que el performance del gobierno logre revertir la hegemonía de dichas políticas. Esto dependerá de su capacidad de lograr consolidar una política de masas que le dé un carácter popular. La administración del Estado no debe hacer olvidar al gobierno la importancia de hacer política.

  

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[1] Durante el gobierno de García los conflictos socio-ambientales pasaron de ser 19 en agosto de 2006 a 118 en junio de 2011. Fuente: Defensoría del Pueblo. Además, en las últimas semanas se han reactivado las movilizaciones en contra de minera Yanacocha en Cajamarca y Southern en Tacna. 

[2] Partimos de reconocer la producción política de lo social, es decir, que toda constitución de un determinado orden social supone una práctica política. Al respecto ver: Laclau y Mouffe (1985).

[3] Esto supone una bi-direccionalidad en la relación entre representantes y representados, en donde dicha relación constituye las identidades políticas. Al respecto ver: Laclau (2006).