Por: El lobo estepario
Bruno Aragón de Peralta intentó matar a su hermano, Fermín, cuando confirmó que éste había utilizado a sus "indios" para encontrar plata en sus minas, la que vendería finalmente a la transnacional Wisther. Su mala puntería no le permitió lograr su cometido.
Esta idea sacada de la novela de José María Arguedas, Todas las Sangres (1964), no hace más que destacar el impacto negativo y disociador de la minería en nuestro país. Basta con ver en Cerro de Pasco o en La Oroya donde no sólo destruyen la tierra para siempre, sino que también contaminan las aguas y los ríos.
Reconocer que la minería es la que más ingresos genera al país y que las acciones de las más grandes mineras son las que mayores beneficios tienen en la bolsa de valores, es evidenciar el gran poder económico que representan, así como los grandes intereses que están en juego.
Debemos recordar los vaivenes de este gobierno frente a la problemática de Conga. Cuando Lerner era primer ministro, existía ambigüedad en Humala al manifestar "agua y minería" y no "agua o minería", tal como lo decía en plena campaña electoral.
Dicha situación era consecuencia de los conflictos que existían dentro de aquel Gabinete, donde unos ministros estaban a favor y otros en contra de la minería. Hasta ese momento, el Gobierno estaba en duda sobre qué camino seguir: o se alineaba a los poderes económicos de toda la vida republicana o era consecuente con sus promesas electorales. Lamentablemente, la suerte se echó cuando el Gabinete cambió de rumbo y Oscar Valdez asumió el Premierato. Lo último que quedaba del lado progresista del Gobierno fue dejado de lado.
En este contexto, el día 02 de Abril se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29785, “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas”. En síntesis, dicha Ley quita el poder a los gobiernos regionales y locales para dar la opinión final sobre conflictos que tengan que ver con la minería (Art. 2) y se lo entregan a las “Entidades promotoras”[1], que tendrán el veredicto final en esos asuntos (Art. 3) y facultad para que en casos con “carácter de urgencia” (Disposiciones Complementarias, punto octavo), adelanten su veredicto final sobre cualquier tipo de conflicto.
No hace falta realizar un exhaustivo análisis del documento en mención para apreciar que éste servirá al Gobierno para legitimar el monopolio de la violencia frente al caso Conga. Parecería que la suerte de Cajamarca y otras zonas mineras está pre establecida; considerando más aún el apoyo al informe realizado por unos “expertos” europeos sobre el caso: medios de comunicación que se decían progresistas apoyan y celebran la “trayectoria” de dichos “expertos”, antes de que el propio informe salga a la luz pública.
Parece que se seguirá perpetuando la hipótesis de Eduardo Galeano de que nuestra región está condenada, por los siglos de los siglos, a ser exportadora de materias primas a los países industrializados.
[1] Dichas “Entidades” son los Ministerios u otros Órganos Públicos dependientes del Poder Ejecutivo.
