El reglamento de la Ley de Consulta Previa: Legitimando el monopolio de la violencia

Por: El lobo estepario

Bruno Aragón de Peralta intentó matar a su hermano, Fermín, cuando confirmó que éste había utilizado a sus "indios" para encontrar plata en sus minas, la que vendería finalmente a la transnacional Wisther. Su mala puntería no le permitió lograr su cometido.

Esta idea sacada de la novela de José María Arguedas, Todas las Sangres (1964), no hace más que destacar el impacto negativo y disociador de la minería en nuestro país. Basta con ver en Cerro de Pasco o en La Oroya donde no sólo destruyen la tierra para siempre, sino que también contaminan las aguas y los ríos.

Reconocer que la minería es la que más ingresos genera al país y que las acciones de las más grandes mineras son las que mayores beneficios tienen en la bolsa de valores, es evidenciar el gran poder económico que representan, así como los grandes intereses que están en juego.

Debemos recordar los vaivenes de este gobierno frente a la problemática de Conga. Cuando Lerner era primer ministro, existía  ambigüedad en Humala al manifestar "agua y minería" y no "agua o minería", tal como lo decía en plena campaña electoral.

Dicha situación era consecuencia de los conflictos que existían dentro de aquel Gabinete, donde unos ministros estaban a favor y otros en contra de la minería. Hasta ese momento, el Gobierno estaba en duda sobre qué camino seguir: o se alineaba a los poderes económicos de toda la vida republicana o era consecuente con sus promesas electorales. Lamentablemente, la suerte se echó cuando el Gabinete cambió de rumbo y Oscar Valdez asumió el Premierato. Lo último que quedaba del lado progresista del Gobierno fue dejado de lado.

En este contexto,  el día 02 de Abril se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29785, “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas”. En síntesis, dicha Ley quita el poder a los gobiernos regionales y locales para dar la opinión final sobre conflictos que tengan que ver con la minería (Art. 2) y se lo entregan a las “Entidades promotoras”[1], que tendrán el veredicto final en esos asuntos (Art. 3) y facultad para que en casos con “carácter de urgencia” (Disposiciones Complementarias, punto octavo), adelanten su veredicto final sobre cualquier tipo de conflicto.

No hace falta realizar un exhaustivo análisis del documento en mención para apreciar que éste servirá al Gobierno para legitimar el monopolio de la violencia frente al caso Conga. Parecería que la suerte de Cajamarca y otras zonas mineras está pre establecida; considerando más aún el apoyo al informe realizado por unos “expertos” europeos sobre el caso: medios de comunicación que se decían progresistas apoyan y celebran la “trayectoria” de dichos “expertos”, antes de que el propio informe salga a la luz pública.

Parece que se seguirá perpetuando la hipótesis de Eduardo Galeano de que nuestra región está condenada, por los siglos de los siglos, a ser exportadora de materias primas a los países industrializados.

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[1] Dichas “Entidades” son los Ministerios u otros Órganos Públicos dependientes  del Poder Ejecutivo.

EL RONSOCO ILUSTRADO - Columna

¿Extractivismo o morir?

Por: Javier Garvich

Extractivismo es una palabra que empieza a tomar cuerpo desde algunos años en América Latina, ha sido prohijada por los movimientos indigenistas contemporáneos y, dentro de nada, estará poniéndose de moda en el Perú.

Cuando hablamos de extractivismo hablamos de un proceso económico basado en la extracción pura y dura (con 0 valor agregado) de materias primas a cambio de valiosas divisas que, con una distribución eficiente, puedan financiar planes sociales y mitigar sustancialmente la extrema pobreza. La forma como se está extrayendo el petróleo, el gas y los minerales en Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia  es el ejemplo y base del discurso: Extracción de hidrocarburos a cambio de dólares frescos con que mantener subvenciones a productos de la canasta familiar, transferencias directas de dinero a los más necesitados, programas sociales de salud y educación. Ojo que estamos hablando de repúblicas con gobiernos que presumen de izquierdismo e incluso hablan de “socialismo del siglo XXI”. Además, el extractivismo que profesan es una fórmula donde todos ganan: El gobierno, legitimado por sus programas sociales ante los electores; las transnacionales extranjeras, porque hacen negocio vendiendo combustibles en un mercado global necesitado de recursos energéticos; el sector privado nacional que puede seguir creciendo al más puro estilo capitalista al saber que el Estado no se ve a meter con ellos como se temía. Y, claro está, amplios sectores sociales que cobran cheques del Estado, se benefician de un sistema de salud más generoso o que ve mejores oportunidades educativas para sus hijos  Ese extractivismo tiene una variante agrícola que se está consolidando peligrosamente en Argentina y Uruguay con el auge de los monocultivos de exportación, con pingues beneficios ¿Por qué quejarse entonces?

Pero el extractivismo tiene su lado oscuro: Seguimos alimentando una estructura productiva invertebrada, subdesarrollada y débil, muy dependiente del exterior en varios aspectos y con poca capacidad competitiva en el mercado global. La pregunta obvia es: ¿Qué pasará si caen los precios de los minerales y combustibles? ¿Y qué pasará si se acaban los recursos? ¿Vale la pena destruir todo un ecosistema para montar un proyecto gasífero que no tendrá más de 40 años de vida?

Porque aquí viene el segundo pero más importante: ¿Vale la pena destruir nuestro país por una renta equis de divisas durante un tiempo muy determinado? ¿La destrucción de ecosistemas, la inevitable contaminación de nuestros ríos, la extinción de nuestras cuencas acuíferas, el erosionamiento y la desertificación de valles y quebradas es el impuesto inexorable para que podamos tener mejor calidad de vida?

Estas reflexiones son necesarias ahora que se ventila la viabilidad de un nuevo megaproyecto minero en Cajamarca. El precio por una cuota sustancial de teóricos recursos para el desarrollo pasa por la desaparición de varias lagunas naturales y el consumo de agua tratada por parte de los cajamarquinos (en el campo y en la ciudad) durante décadas y, posiblemente, sine die.  ¿Vale la pena?

La pregunta es más abierta y compleja: ¿Qué Perú queremos para el futuro? Y en eso entra el tema cultural, porque el extractivismo también atenta contra una manera de ser y hacer durante siglos. El extractivismo choca con las formas andinas de trabajar y querer el suelo y el ambiente (de esas formas nacen nuestras danzas, canciones, fiestas, tradiciones, arte e idioma). Atenta contra nuestras raíces más legítimas. Las minas, necesariamente, terminan desperuanizándonos.

Un Perú minero puede darnos ingentes recursos y modernizar el país. Pero temo que dentro de 50 años terminaremos siendo una Somalía sudamericana, un país desertizado, sin glaciares, con los ríos envenenados, viviendo en ciudades tan contaminadas como La Oroya, con millones de bocas que exijan una sangría de divisas para importar alimentos. Alimentos que bien podríamos producir nosotros. Dentro de 50 años, los pocos valles andinos existentes serán monopolizados por transnacionales turísticas, la Amazonía será un escenario a la Mad Max,  un espacio sin ley degradado por la desforestación formal y la minerías informales. El cuy y la papa amarilla serán artículos de lujo para el consumo extranjero. Nuestros egresados y mejores cerebros seguirán yéndose en masa fuera del país y Lima será un sumidero caótico, sediento y envuelto en smog.

El extractivismo del guano terminó consolidando una clase dominante corrupta cuyos descendientes todavía hoy nos gobiernan, el extractivismo del caucho generó el más grande genocidio de nuestros pueblos amazónicos, el extractivismo pesquero depredó (¿por siempre?) nuestros recursos ictiológicos en el Pacífico. ¿Es que no aprendemos? ¿No hay otras, mejores formas, de generar valor y recursos en el Perú?